Un grupo de legisladores en Misuri y Mississippi, Estados Unidos, presentaron proyectos de ley que permitirán a los ciudadanos recibir hasta 1,000 dólares como incentivo por proporcionar información que lleve a la detención de personas sin estatus migratorio legal.
Además, las iniciativas contemplan la creación de un sistema de cazarrecompensas certificados, quienes tendrían facultades para identificar y detener a migrantes sin documentos, una medida que ha generado controversia por sus posibles implicaciones legales y humanitarias.
De acuerdo con un reportaje de Telemundo, el plan busca fomentar la vigilancia comunitaria, permitiendo que cualquier persona pueda denunciar a quienes sospeche que se encuentran en el país sin autorización.
Estas propuestas se enmarcan dentro de unas políticas de control migratorio más estrictas implementadas por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Las medidas estatales han sido objeto de fuertes críticas por el riesgo de abusos y discriminación.
- Organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación ante el riesgo de discriminación, perfiles raciales y posibles abusos derivados de esta iniciativa.
«Es una propuesta peligrosa porque los cazadores de recompensas no tienen la formación policial adecuada y podrían actuar con tácticas agresivas que pongan en riesgo vidas», advirtió Gabriela Cepeda, activista de la Hispanic Association.
Restricciones migratorias avanzan en distintos estados
Mientras Misuri y Mississippi debaten este polémico esquema, otros estados también impulsan medidas que endurecen las restricciones contra los migrantes.
En Oklahoma, se aprobó una ley que obliga a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes. Tennessee evalúa cobrar matrícula escolar a niños indocumentados, lo que podría limitar su acceso a la educación.
Montana podría otorgar a la policía la facultad de revisar el estatus migratorio de las personas durante controles de tránsito, mientras que Iowa y Dakota del Sur consideran implementar licencias de conducir con marcadores que indiquen el estatus migratorio. Texas, por su parte, estudia la posibilidad de exigir huellas dactilares a menores migrantes en hospitales.
Florida también avanza en una iniciativa para agilizar deportaciones, con la creación de un departamento especializado y la designación de un «zar de Inmigración», respaldado por un equipo de más de 100 empleados, según una legislación recientemente aprobada y que espera la firma del gobernador Ron DeSantis.
