Una ONG informó que las autoridades no hacían esfuerzos significativos ni proporcionaban fondos para combatir la trata laboral
24 de Junio del 2024
El Reporte de Tráfico de Personas publicado este lunes por el Departamento de Estado sostiene que el Gobierno Dominicano no procesa adecuadamente los delitos de trata de personas que implican trabajo forzoso.
De acuerdo a los datos publicados en el documento, las autoridades dominicanas mantuvieron los esfuerzos de persecución, pero, no continuaron las investigaciones correspondientes sobre los delitos de tráfico de personas, continuando la corrupción como un motivo de preocupación.
Una organización internacional informó a Estados Unidos que el Gobierno dominicano, en ocasiones prefería no perseguir los casos cuando se trataban de victimas migrantes o mujeres haitianas indocumentadas, también informaron, tanto en el pasado como en la actualidad, que el sistema de justicia del país no es igualmente accesible, particularmente para los migrantes y ascendentes haitianos.
De igual modo, una ONG informó que las autoridades no hacían esfuerzos significativos ni proporcionaban fondos para combatir la trata laboral rural y se enfocaban sus esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata a abordar la trata sexual urbana.
Según las informaciones proporcionadas por los observadores, las autoridades dominicanas carecían de la formación y las tecnologías adecuadas para perseguir los casos de trata y a veces favorecían los derechos del acusado sobre los de la víctima.
En ese sentido, alegaron que los funcionarios de migración, policía y militares, frecuentemente realizaban detenciones arbitrarias con el propósito de deportar a las víctimas, extorsionarlas o negarles la debida compensación por el trabajo realizado, privando a las víctimas potenciales de sus documentos de identidad, confiscándolos y en ocasiones hasta las destruían.
Además, el reporte expresa que las autoridades negaban la libertad de circulación a las víctimas y el acceso a los alimentos, agua e instalaciones sanitarias adecuadas. Asimismo, expresa que los oficiales a cargo, pedían sobornos a los más vulnerables, entre los que alegan que probablemente se encontraban victimas que incluían a migrantes en los pasos fronterizos y puestos de control militar.
El reporte expresa que los sobornos podían consistir en dinero de hasta 300 dólares, actos sexuales o incluso matrimonio a cambio del paso fronterizo o documentos de identidad. Según informes anteriores, los agentes de la Unidad Antitrata (UAT) de la Policía Nacional alertaban a los traficantes de la inminencia de acciones policiales.
